Resolución No. 000049

Registro Oficial N° 265 –  Martes 19 de junio de 2018

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

RAZÓN.- Siento por tal que las dos (02) fojas anverso y reverso, que anteceden, son copias certificadas del Acuerdo Ministerial No. 000048, del 23 de marzo de 2018, conforme el siguiente detalle fojas: 2, anverso 1 anverso y reverso son copias certificadas, documentos que reposan en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.- LO CERTIFICO. 

Quito, D.M. 11 de mayo de 2018. 

f.) Dr. Andrés Fernando Hidalgo Bautista, Director de Gestión Documental y Archivo. 

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

Resolución No. 000049

María Fernanda Espinosa Garcés

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

Considerando:

Que el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de (…) identidad de género (…),

Que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”;

Que el inciso primero del numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador determina que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte;

Que el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución de la República señala que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales;

Que el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República consagra que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos;

Que el artículo 35 de la Constitución de la República dispone que las víctimas de violencia doméstica y sexual, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado y que el Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad;

Que el artículo 38 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “£7 Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas(…)”;

Que el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: (…)7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional”;

Que los numerales 1, 2, 3, 4 y 9 del artículo 66 de la Constitución de la República reconocen y garantizan a las personas los derechos a la inviolabilidad de la vida, vida digna, integridad personal, que incluye una vida libre de violencia, de tortura, de tratos crueles, inhumanos o degradantes, igualdad formal, igualdad material y no discriminación, la toma de decisiones libres, responsables, informadas y voluntarias sobre su sexualidad, orientación sexual, su salud y vida reproductiva;

Que el artículo 70 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. “;

Que el artículo 75 y 76 de la Constitución de la República reconoce que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión y siempre se cumplirá con el debido proceso;

Que el numeral 14 del artículo 83 de la Norma Suprema, señala: “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: (…) 14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. “;

Que el numeral 1 del artículo 85 de la Constitución de la República establece que la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos;

Que el inciso primero del artículo 341, de la Constitución de la República establece que el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia;

Que el segundo inciso del artículo 424 de la Norma Suprema prescribe que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público;

Que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades, sin distinción alguna;

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en Registro Oficial No. 101, de 24 de enero de 1969, dispone que todos los Estados partes deber respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna. Estos derechos incluyen a la vida, la integridad física, libertad y seguridad personales, y la igualdad ante la ley;

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José, publicada en el Registro Oficial No. 801, de 06 de agosto de 1984, se compromete a respetar los derechos libertades reconocidos en ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna;

Que el numeral 1 del artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece como parámetros generales de la reparación integral la garantía al lesionado, por parte del Estado, del goce de su derecho o libertad conculcados y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada;

Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención de Belém do Para, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 153, de 25 de noviembre de 2005, prohíbe cualquier acción o conducta que, basada en género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado; e impone sobre los estados la obligación de adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia;

Que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prevé que, en caso de declararse la vulneración de derechos, se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial;

Que el artículo 1 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres señala: “El objeto de la presente Ley es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, en los ámbitos público y privado; en especial, cuando se encuentran en múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas; así como a través de la reeducación de la persona agresora y el trabajo en masculinidades”;

Que la Ley Orgánica de Movilidad Humana, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 938 de 06 de febrero de 2017, establece mecanismos de identificación de vulnerabilidad y atención prioritaria para víctimas de violencia de género;

Que la Agenda de Política Exterior 2017-2021, en concordancia con el enfoque de género delineado en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 toda una vida, contempla como eje transversal la igualdad de género, defendiendo y promoviendo los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, servicios y entorno laboral del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República, 7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior; y, 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

Expedir el instructivo para la Política para la igualdad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

Artículo 1.- Objeto.- Propiciar una cultura institucional en la que la igualdad de género sea uno de los pilares en nuestras relaciones laborales diarias y un compromiso coherente con la obligación de todas las y los servidores públicos de defender y promover los Derechos Humanos.

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación.- Comprende a todas las personas que presten sus servicios en este Portafolio, ya sea en el país o en el exterior; así como a los usuarios de los servicios que brinda el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Artículo 3.- Definiciones.

3.1.- Acoso Laboral: Todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral. El acoso podrá considerarse como una actuación discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones enumeradas en el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador.

3.2.- Acoso sexual: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

3.3.- Discriminación: Tratar directa o indirectamente a las mujeres de forma diferente que a los hombres, de modo que les impida disfrutar sus derechos. La discriminación puede ser directa o indirecta.

3.4.- Estereotipos de género: Generalizaciones simplistas de los atributos de género, las diferencias y los roles de las mujeres y los hombres. Con frecuencia los estereotipos se usan para justificar la discriminación de género más ampliamente y pueden reflejarse y reforzarse con las teorías tradicionales y las modernas, las leyes y las prácticas institucionales.

3.5.- Igualdad de género: Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres serán iguales, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no dependerán de haber nacido con determinado sexo. La igualdad de género implica que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos de mujeres y hombres. La igualdad de género no es un asunto de mujeres, sino que concierne e involucra a los hombres al igual que a las mujeres. La igualdad entre mujeres y hombres se considera una cuestión de derechos humanos y tanto un requisito como un indicador del desarrollo centrado en las personas.

3.6.- Paridad: Otro término dirigido a cuantificar numéricamente la igualdad de representación de mujeres y hombres en un espacio determinado.

3.7.- Perspectiva de género: Proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, monitoreo y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad.

3.8.- Revictimización o victimización secundaria: Daños o perjuicios psicológicos, sociales, judiciales o económicos que se producen en un momento posterior a la situación de violencia sufrida, por ejemplo, tener que realizar diferentes declaraciones y explicar los hechos, reviviendo la situación experimentada.

3.9.- Violencia contra la mujer: Todo acto de intimidación que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada o en los casos que sea perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra.

3.10.- Violencia de género: Cualquier acto perjudicial incurrido en contra de la voluntad de una persona y que está basado en diferencias socialmente adjudicadas entre mujeres y hombres. La naturaleza y el alcance de los distintos tipos de violencia de género varían entre las culturas, países y regiones.

3.11.- Violencia verbal: Menosprecio (en privado o en presencia de otras personas), ridiculización o uso de vocabulario ofensivo que resulte incómodo para la o el interlocutor, incluidas amenazas de ejercer otras formas de violencia contra la víctima o contra alguien o algo de su aprecio.

3.12.- Violencia física: Acto que intenta provocar o provoca dolor o daño físico.

3.13.- Violencia sexual: Acto de coacción hacia una persona con el objeto de que lleve a cabo una determinada conducta sexual. Por extensión, se consideran también como ejemplos de violencia sexual los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, en cualquier ámbito, incluido el lugar de trabajo.

3.14.- Violencia psicológica: Conductas amenazantes que no necesariamente implican violencia física ni abuso verbal; puede incluir acciones para ignorar y descuidar intencionalmente a la otra persona.

3.15.-Violencia socioeconómica: En la esfera pública, puede incluir negar el acceso a la educación o trabajo (igualmente) remunerado (principalmente a las mujeres), negarle acceso a los servicios, excluirla de ciertos trabajos, negarle empleo o el ejercicio de sus derechos civiles, sociales o políticos.

TÍTULO I

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Artículo 4.- Objetivo General.- Generar estrategias encaminadas a materializar la igualdad de género en todas las áreas de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante la transversalización de la perspectiva de igualdad sustantiva en la gestión de las relaciones internacionales, la política exterior, la cooperación internacional, y la movilidad humana en todas las dependencias de esta institución a nivel nacional y en el exterior.

Artículo 5.- Objetivo Específico 1.- Prevenir y eliminar toda clase de actos que generen discriminación o violencia de género, en el lugar de trabajo o en las actividades que se cumplen como producto de la relación laboral, así como prestar especial atención a aquellas situaciones que requieren protección especializada, como en los casos de las víctimas de género y acoso laboral o sexual.

Artículo 6.- Políticas.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emprenderá las siguientes políticas para la igualdad del género:

6.1.- Promover la utilización de un lenguaje no sexista en todas las actividades y comunicaciones del Ministerio, acorde con las recomendaciones de Naciones Unidas.

6.2.- Sensibilizar a todo el personal en temas de género a fin de evitar la reproducción de patrones culturales patriarcales.

6.3.- Incluir un módulo de igualdad y violencia de género en todas las acciones afirmativas

6.4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres en general, y en especial relacionados con igualdad y no discriminación, a través de capacitaciones que fomenten el conocimiento sobre el tema, así como formación específica relacionada con el enfoque y la igualdad de género en la gestión de la política pública.

6.5.- Implementar acciones para mejorar las relaciones entre las y los funcionarios, a fin de luchar contra los estereotipos y las discriminaciones en el marco de la igualdad profesional.

6.6.- Fortalecer las capacidades de la Unidad Administración del Talento Humano, en especial en el ámbito del trabajo social, a fin de atender y asistir a las y los funcionarios en casos de discriminación y acoso; así como, de ser necesario, derivar correctamente los casos a las instituciones pertinentes y tomar las medidas disciplinarias que correspondan.

6.7.- Institucionalizar en la Unidad de Administración del Talento Humano, mecanismos de seguimiento de los casos y de sus resultados, a través de un sistema de monitoreo específico y el desarrollo de normativa interna, protocolos y otros instrumentos de gestión institucional.

Artículo 7.- Objetivo Específico 2.- Promover y fortalecer la igualdad de derechos laborales y profesionales a través de la reducción de las desigualdades que puedan persistir en el ámbito de la carrera profesional de las y los funcionarios públicos, y apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Artículo 8.- Políticas.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emprenderá las siguientes políticas para la igualdad del género:

8.1.- Desarrollar un diagnóstico de situación en el que se establezca una línea de base sobre la demografía técnica de la institución, los conocimientos, actitudes y prácticas, así como de las políticas existentes en el Ministerio, en relación al tema de igualdad de género.

8.2.- Elaborar un plan de igualdad de género del MREMH. El plan consistirá en un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar el diagnóstico de situación, tendientes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. El plan debe ser bi-anual y se presentará en el mes de diciembre. Su redacción será dirigida por una Comisión en la cual participarán las asociaciones profesionales y los representantes de las distintas categorías laborales del Ministerio, con representación paritaria de mujeres y hombres, junto con un Consejo Asesor conformado por académicos, académicas, expertos o expertas en materia de género y discriminación laboral por razón de sexo.

8.3.- Promover la administración del talento humano del personal de Cancillería con perspectiva de género y bajo los principios de equidad e igualdad. Serán implementadas las siguientes actuaciones: el expediente de todas las convocatorias de concursos para cubrir plazas deberá contener una referencia a la composición numérica distribuida por sexo de los niveles laborales o escalas objeto de la convocatoria; cuando se evidencie una menor presencia de las mujeres en la categoría correspondiente, se emprenderán acciones positivas encaminadas a procurar la presencia paritaria de mujeres y hombres en todos los grados ocupacionales.

8.4.- Emprender acciones para eliminar toda connotación concerniente al aspecto físico o estado civil de la persona en los concursos para el ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. La selección debe sustentarse exclusivamente en el perfil profesional y académico.

8.5.- Impulsar que los comités de selección de personal se conformen por mujeres y hombres, de preferencia en paridad numérica, con especial énfasis en la titularidad de sus cargos más representativos (Presidencia y Secretaría).

Antes de comenzar la selección para cubrir una plaza, cada Comité recibirá la información señalada sobre el número de hombres y mujeres que trabajan en el área donde va a incluirse la plaza y sus categorías.

8.6.- Hacer públicas las resoluciones sobre los y las aspirantes que hayan superado un proceso selectivo. Éstas deberán acompañarse de un análisis interno que incluya, al menos, una relación numérica y porcentual, distribuida por sexo, entre personas admitidas en el proceso y aprobadas en cada una de las pruebas realizadas.

8.7.- Adoptar medidas razonables y adecuadas en el ámbito del Ministerio para facilitar a las aspirantes embarazadas o con licencia de maternidad, la realización de las pruebas selectivas en igualdad de condiciones.

8.8.- Procurar que la provisión de puestos de trabajo, incluyendo los espacios del superior jerárquico, se realicen mediante el sistema de libre designación favoreciendo la inclusión del género menos representado, conforme a los requisitos profesionales establecidos en la convocatoria, con la finalidad de contribuir al equilibrio en los nombramientos entre mujeres y hombres.

8.9.- Incluir acciones para impulsar la concurrencia de mujeres a puestos tradicionalmente ocupados por hombres o viceversa. Se fomentará que el ingreso, el ascenso, traslado o rotación se realicen en igualdad de condiciones. Se mantendrá un registro permanente de ascensos y rotaciones en función del género para la adopción futura de decisiones.

8.10.- Promover la formación profesional, con paridad de cupos asignados en las convocatorias, con observancia especial sobre el tiempo dedicado a actividades de formación y conciliación con su disponibilidad de tiempo dedicado a las tareas familiares, de ser el caso.

8.11.- Impulsar la suscripción de convenios, a fin de facilitar la inserción laboral de los cónyuges del personal diplomático y auxiliar en el país en el que se encuentren acreditados.

8.12.- Programar acciones, especialmente por parte de la Unidad de Administración del Talento Humano, tendientes a acortar las diferencias entre el número de mujeres y de hombres que se acojan a las medidas de conciliación familiar como: flexibilización de la jornada por cuidado de hijos e hijas menores de 12 años, para el cuidado de personas mayores, cuidados por enfermedad grave de hijos o familiares hasta el segundo grado, y para cuidado de personas con discapacidad.

8.13.- Garantizar la rotación del personal del servicio exterior que sean cónyuges o convivientes en unión de hecho legalmente reconocido, al mismo destino en el exterior, a oficinas distintas, tal como lo prevé el Acuerdo Ministerial 501 de 4 de diciembre de 2007 o normas supervinientes que se expidan en este sentido.

8.14.- Garantizar que las mujeres que trabajan en el Ministerio tengan acceso al lactario siempre que sea necesario. La Coordinación General Administrativa Financiera es responsable del correcto mantenimiento y funcionamiento de dicho espacio.

Artículo 9.- Objetivo Específico 3.- Incluir la perspectiva de género en la agenda de política exterior del Ecuador y en la Cooperación internacional como una prioridad en la gestión del Ministerio.

Artículo 10.- Políticas.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emprenderá las siguientes políticas para la igualdad del género:

10.1.- Incluir la perspectiva de género en el diseño e implementación de la política exterior ecuatoriana; así como en todos los programas y proyectos del Ministerio en los ámbitos de las relaciones internacionales, con énfasis en la movilidad humana y la cooperación internacional.

10.2.- Posicionar y defender la política de género en todos los foros y espacios de discusión a nivel internacional.

10.3.- Promover los avances y logros del Estado ecuatoriano en materia de derechos de las mujeres y políticas de género en el ámbito bilateral y multilateral.

10.4.- Realizar acciones dirigidas a contribuir con el mecanismo de seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

10.5.- Mantener una base de datos sobre las normas y políticas vigentes en materia de igualdad de género, incluyendo resultados, buenas prácticas y otros indicadores relevantes.

Artículo 11.- Objetivo Específico 4.- Desarrollar y consolidar las capacidades institucionales para el abordaje de la violencia y discriminación contra las mujeres migrantes y refugiadas.

Artículo 12.- Políticas.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emprenderá las siguientes políticas para la igualdad del género:

12.1.- Extender, desde las competencias institucionales, el concepto y acción del Estado en torno a la protección de los derechos y atención de las víctimas de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

12.2.- Contribuir al perfeccionamiento de capacidades institucionales de las misiones diplomáticas para la prevención, protección y atención de la población ecuatoriana en situación de movilidad humana víctima de violencia de género.

12.3.- Optimizar la atención de los servicios consulares del Ecuador, para dar apoyo calificado a las víctimas ecuatorianas de violencia de género en el exterior.

12.4.- Contribuir, cuando el ente rector lo solicite, al Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

12.5.- Implementar la perspectiva de género en todos los programas, proyectos y servicios del Ministerio en el ámbito de la movilidad humana.

12.6.- Delegar la participación de una o un funcionario de la Dirección de Derechos Humanos y Paz en la Comisión de Refugio.

12.7.- Generar espacios nacionales y propiciar la participación en encuentros internacionales, para compartir experiencias sobre la política de género en movilidad humana.

Artículo 13.- Directrices para Aplicar la Política para la Igualdad de Género

13.1.- La igualdad de género constituirá un eje transversal en los objetivos, políticas, programas, estrategias, capacitaciones y formaciones de la gestión del MREMH, con el fin de eliminar las inequidades, respetando la diversidad.

13.2.- En el MREMH, la Coordinación General Administrativa Financiera, es responsable de incorporar en su agenda los temas de Derechos Humanos y enfoques de igualdad de género e incluirá en su planificación presupuestaria los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades que promuevan y garanticen los derechos del personal.

13.3.- La Subsecretaría de Asuntos Multilaterales, a través de la Dirección de Derechos Humanos y Paz, es responsable de coordinar que el enfoque de derechos humanos e igualdad de género sea aplicado y priorizado en las temáticas abordadas en la gestión de la institución.

13.4.- Todos los funcionarios y funcionarías del MREMH recibirán capacitación permanente sobre derechos humanos priorizando las temáticas de género.

13.5.- El MREMH promoverá institucionalmente, a través de las y los funcionarios, la acción frente a actos atentatorios contra los derechos de las mujeres o contra la igualdad de género.

Artículo 14.- Principios Básicos de Atención en Casos de Discriminación, Acoso y Violencia

14.1.- Debido proceso: Se adoptará un protocolo interno de actuación para los casos de acoso, discriminación y/o violencia que garantice la atención a la víctima por profesionales, incluyendo asistencia psicológica, la separación de la unidad laboral mientras se sustancia el procedimiento, la facilitación de la denuncia pertinente ante los superiores jerárquicos, y la aplicación de ser el caso de las sanciones adecuadas. Este protocolo debe desarrollar los derechos reconocidos en la legislación ecuatoriana a todos los funcionarios y funcionarías públicas.

14.2.- Reserva de información: Se mantendrá reserva de la información de los casos, evitando sufrimiento, dolor, humillación y circunstancias que atenían contra la dignidad de las y los afectados. No debe promoverse la victimización secundaria ni la revictimización.

14.3.- Prevención y seguimiento: Se garantizará el monitoreo de los casos a través de la implementación de un sistema de seguimiento, que verifique la aplicación de acciones para evitar que los actos que puedan violar los derechos humanos se repitan.

14.4.- Sensibilización: Se desarrollarán acciones que permitan sensibilizar sobre el dolor de las víctimas de discriminación, acoso o violencia de género para que no se agrave el daño psicológico.

14.5.- Atención personalizada: Se garantizará la asistencia de un equipo profesional y especialista, que, de ser el caso, acompañe y ayude a tomar decisiones más adecuadas.

14.6.- Concienciación: Se generarán espacios de participación con las diferentes organizaciones sociales de mujeres para la construcción para la concienciación de la problemática de la violencia de género.

14.7.- Buenas prácticas: Indagar sobre las experiencias de otros países a fin de aprovecharlas e incluirlas para perfeccionar la política de igualdad de género del MREMH.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- La Dirección de Comunicación Social, será la encargada de difundir el presente Acuerdo, a través de los medios electrónicos institucionales u otros que estime pertinentes.

Segunda.- La Coordinación General Administrativa Financiera velará por el cabal cumplimiento del presente Acuerdo e informará a la máxima autoridad ministerial de manera semestral lo dispuesto en el mismo.

Tercera.- De la ejecución del presente instrumento encárguese a la todas las unidades administrativas a través de los servidores públicos que forman parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 26 de marzo de 2018.

f.) María Fernanda Espinosa Garcés, Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN- Siento por tal que las cinco (05) fojas anverso y reverso, que anteceden, son copias certificadas del Acuerdo Ministerial No. 000049, del 26 de marzo de 2018, conforme el siguiente detalle fojas: 5, anverso 1-4 anverso y reverso son copias certificadas, documentos que reposan en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.- LO CERTIFICO.

Quito, D.M. 11 de mayo de 2018.

f.) Dr. Andrés Fernando Hidalgo Bautista, Director de Gestión Documental y Archivo.

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

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